La historia oculta tras la
demanda de los consumidores al BancoEstado
Director de la Corporación Nacional de Consumidores y
Usuarios de Chile (Conadecus).
Aprobada la conciliación el
6 de Mayo de 2013 se pueden dar a conocer algunos detalles de este
juicio que demoró 8 años y 6 meses en llegar a término. Estuvo dos
veces a consideración de la Corte Suprema, varias veces en Corte de Apelaciones
y con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Al aprobarse la Ley 19.496 de
Defensa del Consumidor en Junio de 2004, se incluyó por primera vez en Chile la
posibilidad de hacer demandas colectivas. Su aprobación fue un arduo
trabajo dirigido por el jefe jurídico del Sernac en aquel año, Sr. Luis
Jerez, en numerosas conversaciones con diputados de derecha con quienes acordó
los principales puntos de la ley. Al promulgarse la ley, el Director del
Sernac, Alberto Undurraga, me manifestó en mi calidad de Presidente de
Conadecus que “se había logrado aprobar una ley con muchos cambios
favorables que incluían las demandas colectivas y la creación de un Fondo
Concursable para las Asociaciones de Consumidores, pero que quedaban
afuera las demandas por los derechos difusos”.
Nos pusimos a estudiar la
ley. Conadecus, que había sido creada en Octubre de 1996, tenía una estructura
muy débil. No disponíamos de recursos para tener personal, apenas
lográbamos mantener un modesto local social y nos batíamos con secretarias
en práctica y trabajo voluntario de socios y amigos.
El BancoEstado había
iniciado un cobro de comisiones a todas las libretas de ahorro, libretas con
larga tradición entre la gente más modesta y también usada por personas de más
recursos para guardar dinero sin riesgo alguno, instrumentos de giro diferido
que ganaban intereses y reajustes de acuerdo al IPC de cada año. Las otras
libretas, llamadas “a la vista”, permitían guardar dinero y poder
retirarlo algunas veces al año, sin ganar ni intereses ni reajustes.
Era una forma de no tener que usar el colchón y una manifestación de
confianza hacia el banco estatal que había salido incólume de la gran quiebra
del sistema entre los años 1982 y 1984 bajo la dictadura.
Cuando
empezaron llegar a Conadecus los reclamos de los tarjetahabientes, no
contábamos con ninguna experiencia en este tipo de demandas colectivas, la ley
era desordenada y había que leer distintas disposiciones que a veces se
complementaban y otras veces se excluían. Nos hicimos asesorar por
una firma de abogados, dirigida por don Iván Parra, quien había sido
fiscal de la Corfo. Ellos aceptaron hacerse cargo del juicio y para ser
sinceros no previmos que se trataba de una demanda de largo desarrollo en
el tiempo.
Efectivamente, mezclando
varias modalidades procesales de otros países y tratando de proteger al
poderoso lobby de
los proveedores, en la ley se incluyó un trámite previo, el de la
“admisibilidad”, que significaba un proceso completo previo a entrar al fondo
de la demanda misma.
Cuando el 14° Juzgado Civil
aprobó la admisibilidad esta fue apelada por el BancoEstado y la llevó hasta la
Corte Suprema. Sólo dos años después la Corte Suprema la ratificó y la declaró
admisible.
Durante esos dos años,
solicitamos una entrevista con el Fiscal del Banco Estado, Pablo Lagos, a la
que concurrimos con don Iván Parra, llevándole una carta de intención para
llegar a un arreglo y no postergar el juicio. En ella, a cambio de llegar a una
rápida suspensión de las comisiones ilegales que estaban cobrando y
devolverlas, Conadecus ofrecía no cobrar intereses por lo adeudado y no obligar
al banco a reabrir las miles de libretas que se estaban cerrando por falta de
saldo. El Fiscal nos prometió considerar la petición y consultarla con el
Presidente del Directorio. Hasta hoy Conadecus está esperando la respuesta.
Pero en el intertanto
un amigo común se entrevistó con el Fiscal, quien manifestó textualmente
que él consideraba que el banco perdería el juicio, pero que tenía
instrucciones de demorar lo suficiente como para que fuera el próximo gobierno,
que se supondría también de la Concertación, el que resolviera en caso de
sentencia desfavorable. Agregó además un hecho significativo en palabras de un
Fiscal: “Que él no había estado de acuerdo en contratar a abogados
externos, ya que bien podrían haberse hecho cargo de la demanda los
propios abogados del banco”.
Sobre esa materia se
conversó también con un alto funcionario del banco, que consultó al
departamento a cargo por los términos del contrato con el estudio Claro y Cía.,
manifestándonos luego que se remuneraba en dólares por cada hora dedicada al
juicio y que esos honorarios tenían una suma límite que no podía revelar.
Tal vez ahora, usando la Ley de la Transparencia, se podrían conocer esos
detalles que tuvieron importancia en la resolución definitiva de la demanda y
en la propuesta final de conciliación del BancoEstado en Abril del 2013.
Como en la argumentación
del banco se incluía una supuesta autorización de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras a esas comisiones, concurrí a hablar con el
Superintendente, Sr. Enrique Marshall, quien me recibió acompañado por el
Fiscal de la Superintendencia. En esa conversación se aclaró que, si bien el
BancoEstado había pedido autorización, no había constancia de ninguna respuesta
a esa consulta. Sin embargo, a través de amigos en el banco supimos que sí
había habido una respuesta verbal: “Háganlo, total quien va a ir a juicio
contra ustedes”. O sea procedieron antes que se promulgara la Ley 19.496 que
posibilitaba los juicios colectivos, y fueron sorprendidos porque
hubiera una organización, que tenía derecho a demandarlos.
La demanda siguió todos los
vericuetos legales que posibilitaban su demora y así llegó al gobierno de
Bachelet, gobierno en el cual ya no quedaban en el BancoEstado ninguno de los
responsables directos de la ilegalidad de los cobros. Las cartas dirigidas al
Presidente, Fiscal y Directores del banco, nunca fueron contestadas.
Recurrimos entonces al
Ministerio de Hacienda y gracias a la gestión de asesores y funcionarios
amigos de los consumidores, el ministerio se dirigió al Presidente del Banco,
Sr. Mardones, quien argumentó que ellos sólo recibían instrucciones de la
Superintendencia y que las disposiciones de la Ley del Consumidor no
alcanzaban a los servicios bancarios.
Una de las cosas realmente
trascendentes en los fallos anteriores a la conciliación, es que las demandas
colectivas y los derechos del consumidor están por encima, legalmente, de las
disposiciones de leyes especiales y que los bancos deben respetar su texto o
sufrir las consecuencias.
Se llegó así a una
nueva gestión de conciliación en 2012 con el Vicepresidente de
BancoEstado, el señor Roberto Palumbo, ya en el gobierno de Sebastián Piñera,
en que la demanda había llegado a la tabla de la Corte Suprema por apelación
del banco. Esta gestión conciliatoria, que estaba muy adelantada, fue desechada
por el Presidente del Banco, señalando que en intervenciones en la Cámara de Diputados,
se había exigido que los entes estatales llegaran hasta la Corte Suprema antes
de acceder a pagos que comprometieran el erario nacional.
Esta gestión de avenimiento
y un cambio en el orden en la tabla de la Corte Suprema significaron otros seis
meses de espera, hasta que después de los alegatos finales en que el Sernac se
había hecho parte desde el 7 de Marzo de este año, como tercero y codemandante,
surgió un sorpresivo llamado de la Corte Suprema a una conciliación de las
partes fijando la audiencia para el Lunes 6 de Mayo de 2013.
La propuesta conciliatoria
del BancoEstado en la reunión entre sus abogados y los de Conadecus, con el
Fiscal del banco y representantes de Sernac, fue sorprendente:
“Ofrecieron devolver un
máximo de 3 mil millones de pesos, aplicar un descuento de 11 % a las sumas a
devolver y renunciar a toda demanda individual hacia el futuro, de quienes se
sintieran perjudicados”.
Conadecus rechazó de
plano esa propuesta, pues la consideró impresentable para los consumidores
afectados por los descuentos. Además, según la auditoría externa solicitada por
el propio banco durante el proceso, sus propios datos analizados por el
Tesorero de Conadecus, ingeniero Horacio Soler, daban sumas a devolver
considerablemente mayores. La conciliación aparecía como fracasada.
Entonces ocurrió un hecho
impactante: el gobierno se dio cuenta que podía usar políticamente la
conciliación con el BancoEstado para resaltar la negligencia de los dos
gobiernos anteriores de la Concertación. Sólo había pretendido ganar tiempo y
dar salida del banco a los responsables de la ilegalidad.
Según la versión que llegó
a conocimiento de Conadecus, el director del Sernac, Sr. Juan José Ossa,
recurrió al ministro de Economía, Sr. Pablo Longueira, su superior jerárquico,
quien habló con el Presidente de la República. Este habría ordenado al
Presidente de BancoEstado devolver la totalidad de lo adeudado, sin descuentos.
En la próxima sesión de conciliación, el banco cambió totalmente de actitud,
aceptó devolver la totalidad de los cobros ilegales y se firmó un acta que
fue llevada el Martes 7 de Mayo a la Corte Suprema para su ratificación.
BancoEstado puso hasta el
final resistencia a pagar una modesta multa a beneficio fiscal pues significaba
reconocer haber actuado abusivamente. Bastó una nueva llamada al Presidente del
BancoEstado para que aceptara la multa, que en total llega a 2 millones de
pesos. Lo que se va devolver a los consumidores quedó fijado en $5.600 millones
de pesos, a partir de Julio próximo. Está por verse si esa suma será
reclamada por más afectados y significa mayores devoluciones para ellos.
